Esta cifra implica un leve aumento del 0,6 % respecto del segundo trimestre de 2013, cuando el número de denuncias fue de 31.495.
El estudio está basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) existentes en toda España, así como en los 355 juzgados con competencias compartidas.
Más de un 70 % de las denuncias fueron presentadas por las víctimas, bien directamente en el juzgado (el 7,09 %) o a través de un atestado policial (el 63,42 %), frente al 14,26 %, resultado de la intervención policial directa y el 11,84 %, producto de partes de lesiones. Continúa la tónica habitual en relación con la implicación de familiares o terceros, que sigue arrojando datos residuales: sólo el 1,61 % de los casos fueron denunciados por familiares, mientras que las interpuestas por los servicios asistenciales o terceras personas representaron el 1,78 % del total.
En cuanto a las renuncias a continuar con el proceso judicial, en este segundo trimestre de 2014 se formalizaron 4.188 (el 13,2% del total de las denuncias presentadas), lo que supone un aumento del 5,1 % en la ratio entre denuncias y renuncias respecto al mismo trimestre del año anterior.
Por Comunidades Autónomas, fueron Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana, las que registraron una mayor tasa de denuncias presentadas por cada 10.000 mujeres con porcentajes respectivamente del 21,9; 18,1; y 16,6.
Los jueces y juezas de violencia sobre la mujer acordaron en el segundo trimestre de 2014 un total de 4.675 órdenes de protección, lo que supone el 55 % de las solicitadas. En total, se interesaron 8.428 órdenes de protección en ese periodo, un 1,49 % más que en el mismo trimestre del año anterior.
En cuanto a las 14.993 medidas penales adoptadas tanto en el ámbito de las órdenes de protección como en el de otras medidas cautelares, en un 90,3 % de los casos se establecieron medidas de alejamiento, en un 90,6 % de prohibición de comunicación y un 4 % fueron medidas privativas de libertad.
Además, se adoptaron 3.671 medidas civiles derivadas tanto de órdenes de protección como de las otras medidas cautelares de protección a las víctimas.
Así, en el 25,7 % de las órdenes de protección se acordaron medidas de prestación de alimentos, en el 22,2 % de atribución de vivienda, en el 5,5 % de suspensión de la guarda y custodia de los hijos, en el 3,2 % de suspensión del régimen de visitas y en el 0,6 % de suspensión de la patria potestad. Los porcentajes son muy similares tanto a los del segundo trimestre de 2013 como a los del primer trimestre del presente año.
En el segundo trimestre de 2014, en los Juzgados españoles se incoaron un total de 3.009 procedimientos por conductas tipificadas como faltas, de los que 1.390
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